Profepa clausura desarrollos campestres irregulares en Arteaga y Ramos Arizpe
La Profepa ha clausurado tres desarrollos campestres irregulares en Arteaga y Ramos Arizpe por impacto ambiental, revelando la inacción municipal ante la tala de árboles y apertura de caminos sin permisos. Urge legislación que involucre a notarios y catastro para alertar sobre trámites sospechosos.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha puesto fin a la operación de tres desarrollos campestres irregulares en los municipios de Arteaga y Ramos Arizpe. Estas clausuras, que ocurrieron entre noviembre del año pasado y julio de este año, exhiben una alarmante inacción por parte de las autoridades municipales de ambas localidades, así como de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial a nivel estatal.
Los fraccionamientos fueron detectados operando sin los permisos ambientales necesarios, realizando desmonte de vegetación forestal y apertura de caminos con maquinaria pesada, afectando gravemente ecosistemas de pino piñonero. Esta situación pone en evidencia la falta de una vigilancia oportuna y eficaz para prevenir el daño ecológico.
La alcaldesa de Arteaga, Karen Sánchez, ha sido señalada por no dar información sobre la clausura de un fraccionamiento campestre en la zona serrana. El municipio ha guardado silencio y no ha respondido a las solicitudes de información sobre los permisos previos para el cambio de uso de suelo, desmonte o apeo en los predios afectados.
En este contexto, se plantea la necesidad de una reforma legislativa que emule el modelo de la Ley Antilavado. Esta propuesta obligaría a notarios y oficinas de Catastro a reportar "actividades vulnerables", como subdivisiones y fusiones de predios que podrían indicar la intención de desarrollar fraccionamientos irregulares, activando alertas ambientales y permitiendo inspecciones preventivas antes de que el daño sea irreversible.
La gravedad de la situación reside en que estos desarrollos, además de la afectación ambiental, suelen carecer de servicios básicos e infraestructura adecuada, lo que afecta la calidad de vida de los futuros habitantes. La falta de control municipal permite que particulares vendan lotes mediante subdivisiones simples, evadiendo las licencias de fraccionamiento y los manifiestos de impacto ambiental, que son trámites costosos y complejos.